Según entidades prestadoras de servicio de medicina privada, por la implementación de la ley de obesidad sancionada por el Congreso, además, las cuotas "sufrirán incrementos"

"Ni el país ni el sector de la salud están en condiciones de incorporar estos tratamientos y cirugías, como el cinturón gástrico, que no se cubre en ningún lugar del mundo", expresó en un comunicado la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI).

El presidente de la entidad, Marcelo Mastrángelo, afirmó que "con esta ley, el sistema puede colapsar".

"La ley profundiza los desequilibrios porque relega una vez más a 16 millones de argentinos sin cobertura médica, que deben atenderse con escasez de insumos y aparatología obsoleta en un hospital público colapsado", expresó el titular de la entidad que agrupa a los hospitales de comunidad Alemán, Británico e Italiano, y a las prepagas OSDE y CEMIC, entre otros.

Mastrángelo sostuvo que "al aumento de precios del material descartable, se agrega la elevada incidencia de las nuevas tecnologías, los costos que desencadenan los juicios por mala praxis y la medicina defensiva, y la ampliación permanente del Programa Médico Obligatorio (PMO), configurando una situación altamente deficitaria para el sector".

La entidad recordó que en Argentina "poco más del 17 por ciento de la población padece obesidad" y sostuvo que la nueva legislación "alcanzaría a unos 7 millones de pacientes".

Asimismo, sostuvo que en la Ciudad de Buenos Aires "el Hospital Cosme Argerich es el único establecimiento público que brinda la posibilidad de acceder a una cirugía bariátrica, conocida como by-pass gástrico".

"La intervención tiene un costo de alrededor de 10.000 dólares y sería necesaria para alrededor de un 20 por ciento de los obesos mórbidos", afirmó la asociación que agrupa a entidades prestadoras de medicina privada.

Voceros de ACAMI manifestaron que "en el país no hay datos confiables de lo que se invierte en el tratamiento de la obesidad".

"Las obras sociales y las prepagas sólo pueden determinar que el impacto será sumamente costoso. Si aumentan la cuotas, los tratamientos serán absorbidos por todos los afiliados", dijeron los voceros de la entidad.

La ley sancionada el miércoles por el Congreso de la Nación determina como enfermedad la obesidad y otros trastornos alimentarios, declara de "interés nacional" la prevención y control, y contempla la asistencia integral y rehabilitación de pacientes con esas afecciones.

La legislación fija condiciones para la calidad de los productos promocionados como de bajas calorías y establece que los alimentos con alto valor calórico deberán llevar la leyenda "El consumo excesivo es perjudicial para la salud".

Tras la sanción de la norma, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, admitió que la cobertura de tratamientos vinculados a trastornos alimentarios "seguramente tiene un impacto en los costos de las obras sociales y las prepagas" y anticipó que van a "discutir" el tema con prestadores antes de implementar la ley.

En ese sentido, voceros de entidades privadas manifestaron que "en esta semana" funcionarios del gobierno recibirán a representantes de cámaras del sector para "analizar detalles del proyecto de regulación y estimar la incidencia en los costos de la ley de obesidad".